El presidente Guillermo Lasso anunció que a partir del lunes 15 de noviembre de 2021 asumirá personalmente la coordinación de las fuerzas del orden nacional y hará de la seguridad ciudadana la máxima prioridad de la Presidencia.

El jefe de Estado manifestó a través de los canales nacionales que el objetivo principal será restablecer el orden en el sistema penitenciario y combatir el crimen organizado. Para ello, el Ministerio de Gobierno elaborará un proyecto de ley destinado a reorganizar el sistema de rehabilitación social del país.

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“Aprobaremos las normas para el uso progresivo de la fuerza”, declaró. El otro punto más destacable de la nueva institución jurídica es que los delitos de firma se clasificarán por campo de organización, en el que se procesará a los líderes de las pandillas por los delitos que ordenaron cometer a sus hombres.

“Los jefes de las mafias no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales”, dijo. Sin embargo, también se espera que miembros de la sociedad civil participen en un proceso de mediación al interior de la Penitenciaría del Litoral para buscar la paz entre pandillas, pero sin que eso implique negociar o ceder por intermedio del Estado.

El Primer Mandatario agregó que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Israel, Reino Unido y España para combatir los carteles de la droga que operan en Ecuador. También mencionó a la emisión de nuevos estados de excepción, “cuantas veces sean necesarios”, y los cambios en las autoridades de la fuerza pública.

Responsabilidades pasadas en la seguridad ciudadana

Para el actual gobierno, la crisis carcelaria y el aumento del narcotráfico no son un problema de la noche a la mañana y que responde a “muchos años de descuido y abandono”. Si bien el Presidente aclaró que esto no debe convertirse en un tema político, sí mencionó que esto es consecuencia de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana.

“Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune”, declaró. En su opinión, en el Ecuador se creó un entorno permisivo para el crimen, que evolucionó de delincuencia común a carteles de droga.

El presidente responsabilizó a las administraciones pasadas, que “minaron” al Estado para acumular poder y dinero, lo que se desencadenó en que los carteles se adueñaran de calles y cárceles.