El proceso de cimentación doctrinal de las instituciones policiales se debe entender desde el esfuerzo por la construcción de Los Estados Nación en el siglo XIX y, mucho más tarde, la consolidación de las democracias en la región, a finales del siglo XX. En varios países de América Latina la capacidad militar se fortaleció como consecuencia de las dictaduras y de los conflictos armados internos.
La decisión política generalizada en la segunda mitad del siglo XX fue robustecer los ejércitos y encomendarles labores de seguridad interior. En tal contexto, las organizaciones de la fuerza pública, en específico las fuerzas militares, construyeron una larga trayectoria de negociación con el poder civil, fortalecieron capacidades logísticas, de infraestructura y formación de personal.
▶ Percepción ciudadana del desempeño de las policías en Latinoamérica
La diferencia entre seguridad interna y externa no se ha delineado con claridad históricamente en la región y todavía hoy las fuerzas militares participan en algunos países en el mantenimiento del orden interno, como se verá más adelante. Este elemento ha marcado en algunos casos los lineamientos doctrinales de los cuerpos policiales.
No es solo la influencia militar lo que ha dado forma a la doctrina policial en la región, sino también la necesidad de responder a los apremiantes problemas de inseguridad y delincuencia presentes en todos los países de la región. Esto ha alimentado un enfoque en el que se concibe a la policía como la principal o única instancia con la que cuentan los gobiernos para combatir el delito y mantener el orden público.
La lucha contra el delito se ve como una cuestión preferentemente policial, generalmente concebida como una lucha contra el delincuente, orientada fuertemente al uso de la fuerza y, como tal, enmarcada en una visión más bien castrense de la seguridad. Así, las labores de la policía en materia de prevención y combate delito quedaron atravesadas doctrinalmente por una lógica más bien belicista.
Por ejemplo, hasta mediados de los años noventa, la policía en Centroamérica se constituía como una pieza importante para el mantenimiento del orden interno y el apoyo a las Fuerzas Armadas.
En Honduras, por ejemplo, la Fuerza de Seguridad Pública estaba bajo el mando de las Fuerzas Armadas, mientras que en El Salvador, hasta 1992, año en el que se firmaron los acuerdos de paz, las instituciones policiales dependían del Ministerio de Defensa. Lo mismo sigue sucediendo en Colombia, donde a pesar de múltiples intentos fallidos por cambiar su localización política, la Policía sigue estando en el Ministerio de Defensa, junto con las Fuerzas Militares.
La visión coercitiva y militarista de la seguridad extendida en la región fortaleció un enfoque de la seguridad ciudadana que la convirtió en una responsabilidad casi exclusiva de la policía. Esto llevó a que otras agencias de gobierno con competencia en la materia evadieran sus responsabilidades en el tema. Tal situación tendió a generar una percepción ciudadana de ineficiencia e inefectividad sobre las policías.
Hasta el día de hoy los indicadores de seguimiento a su función continúan asociados a la caída de delitos y muy poco a su intervención preventiva o la evaluación integral de sus programas. Del mismo modo, el uso de indicadores de gestión y resultados para otras instancias del gobierno ha sido escaso.
Pese a todo, hay intentos numerosos por replantear la orientación histórica de las policías de la región. Quizá el más importante esté ligado al debate iniciado desde la década de 1980 en casi toda la región sobre los roles de la policía y de la comunidad en la prevención de la criminalidad, un debate que se ha traducido, como se verá más adelante, en la adopción de distintas versiones del modelo de policía comunitaria.
El retorno de la democracia en Chile, Argentina o Brasil hizo atractivo este modelo y, en consecuencia, dio paso a algunas transformaciones en lineamientos doctrinales y en marcos normativos tendientes a asegurar que la función policial sea consistente con el ethos democrático.
No obstante, en la mayoría de los países de la región el consenso sobre la importancia de la prevención y de la participación de la comunidad se ha quedado en un nivel discursivo, considerando que los presupuestos no reflejan la prioridad de esa orientación y continúan privilegiando el aumento de la dotación policial, la infraestructura penitenciaria o la reforma del sistema de justicia.
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Asimismo, la preparación profesional del cuerpo policial en la región aún es muy escasa para desarrollar iniciativas de prevención en una escala acorde con los problemas existentes, lo que reduce la eficacia y el impacto de los esfuerzos preventivos.
A ello se suman una cultura institucional de las policías latinoamericanas generalmente refractaria al cambio y estructuras jerárquicas –frecuentemente rígidas, verticales, militarizadas y dotadas de amplia autonomía— que dificultan el desarrollo de políticas en prevención y participación.
Todo ello hace que actualmente, en la mayoría de los países de la región, la policía tiene como objetivo fundamental mantener el orden público mediante el ejercicio de sus tareas de control.
Sus tareas disuasivas, preventivas y de investigación criminal han emergido de una forma fragmentaria y como respuesta coyuntural a las necesidades emanadas de los problemas de inseguridad y criminalidad en sus territorios. Esto tiene una implicación crucial: en el fondo, los cuerpos de policía de la región tienden a prestar más atención a las demandas de los gobiernos de turno que a las necesidades de la ciudadanía.
Por: Kevin Casas, Paola González y Liliana Mesías. La transformación policial para el 2030 en América Latina.
