Las acciones de las fuerzas de seguridad en las calles son un tema candente de discusión en estos días. Por varias razones. El despliegue de unidades antidisturbios por parte de la Policía Nacional en respuesta a los disturbios provocados por los trabajadores metalúrgicos en Cádiz generó muchas críticas, entre ellas el uso de vehículos blindados BMR, pero también varios videos que muestran el uso de la fuerza contra manifestantes ancianos.

Por otro lado, algunos policías han lamentado la manipulación de estas imágenes porque no muestran -como vemos en otros apartados- que estos manifestantes acaban de agredir a los clientes, por eso piden la implementación de cámaras personales.

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Estas acciones se producen en un momento en el que representantes de diversas organizaciones se oponen a los cambios que podamos proponer por parte del PSOE y Naciones Unidas que podamos proponer introducir en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como la «ley mordaza» de esta área a la izquierda.

Uno de los cambios preparados por los dos socios de gobierno pasa por poner fin a las penas para los ciudadanos que tomen fotos o videos a los policías, lo que hasta ahora se considera un delito. Cometen delitos graves si ponen en peligro la “seguridad de las personas, familiares, instalaciones protegidas o el éxito de una operación de riesgo, que involucre un derecho fundamental a la información”.

Este punto ha sido determinado por la Corte Constitucional y se están preparando para derogar la norma, para que deje de ser un delito filmar o filmar a los espías durante su intervención, y cometer y dar a conocer delitos más graves en determinadas circunstancias. Solo serán procesados ​​cuando representen un «cierto riesgo para la seguridad personal o familiar de este miembro autorizado».

Confidencial Digital pudo constatar en este contexto que la Dirección General de Policía prevé incrementar el número de cámaras personales que portan algunos oficiales de cuerpo, y que se utilizan para registrar acciones intrusivas en su tarjeta.

El gobierno dio a conocer esta información en respuesta al Congreso, que planteó una serie de preguntas escritas presentadas por Jon Iñárritu, representante de EH Beldo en la Cámara de Representantes.

150 ahora, 150 más en breve

«La Policía Nacional cuenta actualmente con 150 cámaras personales», explicó el director de sesión. Además, anunció que «en un futuro próximo, otras 150 unidades serán asignadas y utilizadas por las unidades requeridas».

Eso es si. Las cámaras se distribuirán para su uso «después de que se hayan implementado sus procedimientos de capacitación y se haya resuelto cualquier problema legal que pueda surgir de su uso».

La mayoría de las cámaras de la Policía Nacional se compran para acompañar pistolas eléctricas (conocidas como “pistolas de conducción”), las cuales también se van introduciendo poco a poco, principalmente a los agentes que patrullan las calles para proteger la seguridad de las personas.

Además, hace unos años, algunas Unidades de Intervención Policial (UIP) y la policía antidisturbios también comenzaron a usar cámaras. Durante varias protestas en Madrid que desembocaron en una violenta lucha, entre la policía antidisturbios, algunos llevaron cámaras personales para tomar fotografías de lo que sucedía frente a ellos.

Estas fotos fueron analizadas en detalle luego del incidente, con el fin de identificar a algunos de los hombres violentos que se enfrentaron con la policía.

Como resultado, la Policía Nacional duplicará el número de cámaras de 150 a 300, según informes del gobierno.

La Guardia Civil

Cabe recordar que la Guardia Civil también cuenta con este tipo de equipamientos. En este caso, cuentan con 150 cámaras de cuerpo entero, que están asignadas a sus unidades antidisturbios, socios policiales de la UIP:

El Grupo de Guardia Civil y Seguridad, con sede en Valdemoro (Madrid), y el Grupo de Precaución y Seguridad (GRS) en Pontnticra, Valencia, Barcelona, ​​Zaragoza, León y Canarias, que pertenece al grupo mencionado y está destinado a las funciones de control de nubes invernales.

Además de estos dispositivos, dijo el gobierno, la Guardia Civil tiene «un total de 138 cámaras Go Pro». Estas cámaras no se limitan a las funciones de aplicación de la ley como cámaras corporales, sino que son de tamaño pequeño, lo que permite que se utilicen también en una serie de implementaciones de seguridad.

Dos leyes permiten su uso

En respuesta del presidente de EH Bildu, el gobierno de Pedro Sánchez señaló que “la regulación de las grabadoras de voz portátiles está prevista básicamente en el artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad de Ciudadanos y Organizaciones . Ley N ° 7/2021 de 26 de mayo (Capítulo Segundo, Artículo 2) «.

El artículo 22 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que PSOE, United We Can y otros proponen reformar en los tribunales, regula el uso de cámaras de video y establece que “la autoridad gubernamental y, en su caso, las fuerzas y agencias de seguridad pueden realizar grabaciones de video de personas, lugares o cosas que utilicen cámaras de circuito cerrado de televisión. Cerrado fijo o móvil legalmente autorizado, de acuerdo con las leyes vigentes al respecto ”.

En la Ley Orgánica N ° 7/2021, de 26 de mayo, de protección de los datos personales tratados con la finalidad de prevenir, detectar, investigar, perseguir e implementar sanciones.

La sanción penal, que permite “el uso de dispositivos móviles de audio y video para lograr los mejores fines previstos en esta Ley Fundamental, de acuerdo con la especial habilidad de los dispositivos y fuerzas de seguridad. La grabación de imágenes y sonidos, que deben ser combinados, está en todos los casos sujeto a la competencia de un peligro o evento particular «.

Pruebas ante un juez

Agentes de todos los niveles han exigido durante años que se les proporcione cámaras personales para atender denuncias, a veces manipuladas, a través de videos de intervención policial.

Algunas fuerzas policiales locales incluyen cámaras personales, mientras que otras usan cámaras más grandes. Por ejemplo, en las filas de disturbios en Mossos d’Esquadra, es común ver a un cliente con una especie de columna con una cámara al final, tomando fotografías de manifestantes violentos frente a Mossos.

Colocadas en el pecho o en el casco (en caso de motín), cámaras de cuerpo entero registran todas las acciones de este policía y sus cómplices en la tarea de dispersar a un grupo de personas. manifestaciones violentas, sino también para detener o detener a cualquier persona que pueda representar una amenaza para la seguridad.

Las imágenes captadas por estas cámaras pueden utilizarse como prueba antes de que el juez decida abrir una investigación por la injerencia de algunos policías.

Uno de los últimos casos en los que las cámaras consiguieron despejar sospechas fue la muerte de un extranjero en Madrid a balazos por parte de la Policía Nacional. Una patrulla llegó al distrito de Villaverde luego de ver a un hombre amenazando con un cuchillo a los transeúntes frente al centro médico.

Cuando el hombre apuñaló a un policía e intentó herirlo, el oficial usó su arma oficial. Sin embargo, continuó siendo acusado y la policía le disparó y lo mató. El incidente enfureció a algunos residentes de la zona, incluidos inmigrantes, que acusaron a la policía de «matar» a un enfermo mental.