Sin duda, la inseguridad pública es un problema importante para los ecuatorianos. Sin un entorno pacífico y seguro, otras actividades como la producción, el entretenimiento o el aprendizaje no pueden desarrollarse plenamente, y el miedo a convertirse en víctima de un delito está siempre presente.

La seguridad pública es responsabilidad primordial de los estados, además, en el caso de Ecuador, el estado tiene el monopolio de las armas, inclusive. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son los organismos del Estado, bajo la supervisión de la función ejecutiva, encargados de mantener la paz y el orden, velar por la protección de los ciudadanos, la propiedad y la soberanía nacional.

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La Policía Popular no tiene voluntad política. Los medios para lograr esto pueden y deben ser objeto de un debate constante a nivel comunitario, pero la gran mayoría de las personas necesitan sentirse seguras y protegidas; estos son principios imposibles.

Lo que es diferente es que algunas fuerzas oscuras a veces se hacen pasar por organizaciones políticas. Otros, defensores de derechos humanos y otros que reclaman la lucha armada para conquistar el poder político quieren manipular organizaciones criminales o, por el contrario, buscan el caos para derrocar el sistema ya existente, instaurar y debilitar democracias. En cualquier caso, estos poderes negros deben ser reprimidos y castigados por el estado de derecho y el poder público.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Guillermo Lasso, prioriza la lucha contra el crimen y la corrupción. Desde un punto de vista democrático, incluye todas las funciones del Estado, en las que los poderes públicos deben cumplir su papel y, en particular, deben servir a la felicidad de los ciudadanos y la paz de la sociedad.

Todos los ecuatorianos estamos llamados a apoyar el Acuerdo Nacional de Seguridad, a creer en las acciones de los representantes del Estado para lograr la paz deseada y a cooperar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el mal.