Con el tránsito a la democracia y la declinación de la mayoría de los conflictos armados vividos en el continente, el cambio del enfoque de la política de seguridad devino en un imperativo.

Ello implica dar un mayor peso en la institucionalidad que se encarga de la seguridad ciudadana a las fuerzas de policía y otros organismos del Estado que cumplen con funciones policiales y que aportan a la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva civilista. No solo eso: hay que hacerlo sin despreciar, ni reversar de forma repentina la participación militar en la agenda de seguridad.

▶ Percepción ciudadana del desempeño de las policías en Latinoamérica

Un reto importante es, así, “ciudadanizar” la seguridad interior. Este concepto no denota el otorgamiento de labores de seguridad a la ciudadanía, o la intención de privilegiar automáticamente la labor de organizaciones policiales presuntamente dotadas de virtudes “civilistas”, sino la noción de que cualquier intervención en materia de seguridad debe estar circunscrita a la protección de los derechos y libertades ciudadanas, tarea en la cual convergen muchos actores institucionales.

El cambio de paradigma con respecto a la seguridad interior de corte militar consiste en que la función de la fuerza pública y otros organismos competentes pasa a estar en función del ciudadano y no del Estado y el orden público.

Como lo diría una Sentencia de la Corte Constitucional en el Estado Colombiano: “… el orden público debe ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Este marco constituye el fundamento y el límite del poder de policía, que es el llamado a mantener el orden público, pero en beneficio del goce pleno de los derechos. En ese sentido, la preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades ciudadanas.”

No obstante, en materia de seguridad, la tradición militarista de corte jerárquico, centralizado y con una visión reactiva continúa siendo en muchos de nuestros países una demanda ciudadana y una propensión política sustentada en los altos niveles delictivos, en los problemas derivados de la presencia del crimen organizado y en la simple inercia de las funciones que cumplieron las fuerzas militares en el pasado.

Ello se agudiza por la persistencia de un sistema de formación policial que refuerza la obediencia y disciplina y se concentra en el aprendizaje de normas legales más que en la enseñanza de métodos de gestión destinados a obtener resultados y comprender el contexto. Asimismo, la persistencia del dominio de la perspectiva militar sobre la seguridad debe mucho a la reducida formación en materia de seguridad ciudadana dirigida a otros funcionarios con competencia en esta área y a los mismos ciudadanos que demandan seguridad.

En este contexto, el problema no es tanto la participación militar en apoyo a la policía, y en general a la institucionalidad que abarca la seguridad, sino la pervivencia de modelos de formación, decisión y acción que no favorecen el carácter democrático de la seguridad.

El reto, así, es transformar la doctrina, la toma de decisiones y los procedimientos de intervención en todos los ámbitos institucionales desde una perspectiva ciudadana, que propenda a la reconstrucción de la legitimidad de las políticas de seguridad ciudadana, entendiendo por esa legitimidad el apoyo público a la estructura legal y funcional de las organizaciones que hacen parte de la seguridad ciudadana. Esa transformación implica una mayor cooperación voluntaria de la ciudadanía.

La legitimidad en seguridad es crucial para la democracia. La consolidación de los procesos de democratización vividos en la región requiere permear las organizaciones encargadas de la seguridad. Para ese efecto, las policías latinoamericanas han buscado modificar sus herramientas de acción y sus arquitecturas institucionales.

En particular, como se ha mencionado ya y se analizará más adelante, se han implementado programas de policía comunitaria, con diferentes matices y resultados. Por más numerosas que sean las dificultades e inercias institucionales que obstaculizan la adopción de una orientación más democrática en las policías latinoamericanas, es evidente que estos procesos han contribuido al menos a desmontar las lógicas militaristas en la materia.

Este camino ha sido gradual y diferenciado según el contexto, las dinámicas políticas nacionales e internacionales y las situaciones propias de criminalidad en cada país. Así, por ejemplo, en países como Chile y Colombia, la discusión sobre policías municipales, que para algunos significa la desconcentración de la toma de decisiones y mayor poder de decisión a los alcaldes en temas de seguridad, ha sido conscientemente aplazada.

La superación simbólica y práctica de una visión militarizada de la seguridad, pasa entonces por asumir esta función pública con una visión que ponga al ciudadano en el centro; que reconozca las demandas diferenciadas que se derivan de las dimensiones objetivas y subjetivas del fenómeno de la inseguridad; que sea sensible a las especificidades de la inseguridad derivadas del género, raza, edad, escenario territorial, nivel socioeconómico, entre otros aspectos ; y que asuma plenamente la complejidad del fenómeno de la violencia criminal.

Como sabemos, esta última no se explica desde una visión unidireccional de causa y efecto, sino echando mano a diversos factores asociados al individuo y al entorno social, político y económico.

Desmilitarizar la seguridad requiere no sólo una transformación de la visión que guía el trabajo policial, sino también de las relaciones entre la fuerza pública y los demás organismos que abordan la seguridad. La cultura de la ciudadanización de la seguridad supone contar con funcionarios competentes (en la policía, en la justicia, en los programas sociales) y con ciudadanos comprometidos.

Requiere, además, generar y utilizar evidencia para la toma de decisiones; proteger a la fuerza pública frente a la instrumentalización política; y adoptar un riguroso proceso de selección y una mayor profesionalización, no solo en la organización policial, sino, en general, en todas las entidades que hacen parte de la estrategia de seguridad ciudadana.

Lo anterior es lo que se requiere, pero no necesariamente es lo que está sucediendo. Pese a los procesos democratizadores de las policías de la región ocurridos en las últimas décadas, en el pasado reciente se evidencia un reforzamiento de la participación militar en temas de seguridad pública en muchos países latinoamericano.

Esto está relacionado, casi siempre, con la proliferación del crimen organizado y con la existencia de una marcada presión social que ha ubicado el tema de inseguridad en un primer plano en la región.

Como lo muestra la Tabla 3, existe hoy en América Latina un clima propicio para acoger la participación de los militares en labores de seguridad pública. Se combinan en ello la percepción de los tomadores de decisión nacionales y locales sobre la debilidad de la policía, la reducida confianza social en dicho cuerpo de seguridad y la correlativa legitimidad del cuerpo militar.

Adicionalmente, la emergencia internacional del terrorismo como una de las principales amenazas internacionales, cuya respuesta demanda una participación militar, ha tenido eco en América Latina, sobre todo en países donde el crimen organizado se asume públicamente como amenaza a la seguridad nacional.

TABLA 3. NIVELES DE CONFIANZA EN LA POLICÍA Y EN LAS FUERZAS ARMADAS EN AMÉRICA LATINA

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Todo ello ha tenido su traducción institucional en la nueva Ley de Seguridad Interior de México, precedida por muchos años de despliegue militar contra el narcotráfico, así como en la creación reciente del Comando de Apoyo de Operaciones Urbanas (CAOUR) del ejército colombiano y en la adopción de renovadas estrategias de inteligencia e intervención militar puntuales para enfrentar las organizaciones criminales de narcotráfico, minería ilegal y otras acciones delictivas del crimen organizado que amenazan las estabilidad del país.

Del mismo modo, cabe mencionar los ejemplos de Honduras, con sus políticas de mano dura, tolerancia cero y “un soldado en cada esquina”, dirigidas a reducir los homicidios; el despliegue de los gendarmes urbanos en Argentina que, aunque no son estrictamente militares, denota una visión militarizada de la seguridad pública; o también el combate de las maras salvadoreñas y las pandillas de las favelas en Brasil mediante la participación del ejército.

Todos estos ejemplos son sugerentes de una marcada tendencia regional hacia la expansión de la participación militar en labores de seguridad pública. Tal tendencia, que no luce fácil de revertir en el corto plazo, debe ser mirada con precaución por sus posibles efectos problemáticos sobre la construcción de una política de seguridad civilista y democrática.

Por: Kevin Casas, Paola González y Liliana Mesías. La transformación policial para el 2030 en América Latina.