sábado, mayo 25, 2024
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Procesos de incorporación, formación y condiciones laborales policiales

Uno de los factores claves para las policías del 2030 en América Latina, es sin duda la profesionalización de sus miembros. Mucho se ha hablado de ello y también mucho se ha hecho al respecto. Si comparamos los niveles de profesionalización de nuestras policías de hace tres décadas, el avance es significativo en la región, aunque no homogéneo.

Por lo general dicho balance hace énfasis en el acceso a una carrera profesional dentro de la institución policial. Aun no existen evaluaciones externas rigurosas al interior de los países y desde una perspectiva comparada, sobre la calidad de la educación que reciben los efectivos policiales en la región, de cara a los desafíos que supone la utilización de mayor inteligencia policial, la relación con policías judiciales, y la adopción de prácticas de gerencia democrática así como enfoques comunitarios, preventivos y sensibles a grupos poblacionales vulnerables (niñez, juventud, tercera edad).

Policías comunitarias en América Latina

Adicionalmente, no se encuentran análisis sobre cómo el proceso de formación se articula con elementos estructurales y de vital importancia para el buen funcionamiento de la organización, como son las formas de incorporación policial y las condiciones laborales asociadas (rutas de ascenso, perfiles profesionales necesarios, salarios, escalafón, entre otros temas).

La profesión policial debe estar a la vanguardia de la formación de hombres y mujeres que en esencia prestarán un servicio público cuya razón de ser es la promoción de libertades, derechos y deberes. Esto implica, de una parte, una visión estratégica sobre la construcción de los currículos académicos, avalados por pares expertos externos; y por otra, el rigor en la escogencia de los profesionales que imparten los procesos educativos, la apertura a nuevas ideas y en lo posible la vinculación de docentes no policiales.

Esto últimos hacen más probable trascender las miradas endógenas de los temas que tradicionalmente se imparten al interior de la organización e incorporar nuevos temas que deben estar en la agenda educativa actual.

Es de señalar que, en general, las escuelas de policía latinoamericana son cerradas y poco se conoce de sus currículos y evaluaciones internas. En Colombia, en un estudio del año 2015 de la Fundación Ideas para la Paz, se concluye que aún se “deben armonizar efectivamente los programas académicos y los contenidos de la formación con las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación…” y que “la educación policial podría estar basada en la doctrina propia de la institución, como lo está actualmente, y al mismo tiempo potenciada por otras instituciones del sistema educativo nacional”.

Adicionalmente señala que el programa educativo institucional aparece coherente con los nuevos retos, pero que dicha coherencia en términos doctrinales no siempre se traduce en la formación práctica.

Por su parte, una evaluación de la Washington Office on Latin America (WOLA) sobre la formación policial en Haití, Guatemala, Salvador y Panamá ha resaltado la alta influencia internacional de los instructores, particularmente en el caso haitiano. En el caso salvadoreño, el pensum desarrollado por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), ha sido criticado por su orientación fuertemente teórica y abstracta.

En otros casos los currículos básicos relacionados con aspectos jurídicos y elementos prácticos se han ampliado para incluir el entrenamiento en habilidades de redacción, entrevista y sensibilidad cultural, entre otros temas. Aunque con resultados diferenciados en la práctica, estos elementos de formación están presentes en policías como las de México, Brasil, Chile y Colombia.

La heterogeneidad de la región hace muy difícil profundizar sobre los parámetros que deberían estar presentes en la reforma para la profesionalización policial. Sin embargo, sí es posible es dejar indicados algunos interrogantes fundamentales que deberán orientar las reformas en esta materia:

• ¿Cuál será el tipo de escalafón que debe estar presente en las policías del 2030? ¿Deberá permanecer la división tradicional entre oficiales y suboficiales? ¿En qué sentido deberá diferenciarse la formación policial de acuerdo con el tipo de escalafón?

• ¿Debe seguir existiendo una diferenciación temática de todo aquello que se ha denominado la formación para la seguridad “dura” y la seguridad “blanda”, o una visión más integradora de las especialidades con sus énfasis respectivos, tanto en la formación de mandos superiores, medios y subalternos?

• ¿Cuáles serán las rutas de formación para aquellos bachilleres que aspiran una carrera profesional, a la que puedan dedicarle el tiempo necesario sin que riña con la función operativa policial? ¿Cuáles serán las funciones, roles y jerarquías de quienes siendo profesionales harán parte de la policía? ¿Cómo se capitalizarán sus conocimientos? ¿Qué tipo de incentivos de permanencia se deben establecer en la policía desde el momento inicial de la formación policial?

• ¿Cuáles deben ser las estrategias de evaluación estudiantil y docente, que incorpore rigurosas medidas de cultura de legalidad y altos estándares académicos?

Los procesos de incorporación, por su parte, tienen el desafío de ser transparentes, y abiertos a otras instancias civiles y pares académicos que permitan evaluar los perfiles de aquellos que recién se incorporan. La incorporación debe revisar vocación de servicio, niveles de compromiso bajo situaciones de presión, liderazgo, empatía, autoridad democrática, análisis y producción de documentos escritos, metodologías para reconocimiento de factores multicausales del delito y de contextos complejos, entre otros elementos.

Si se quieren corporaciones públicas altamente eficaces y con buena moral de trabajo, las condiciones laborales deben asegurar la estabilidad y una situación adecuada para que el personal realice su labor, con incentivos reales de promoción y plena protección de sus derechos. Para esto es necesario crear comisiones mixtas de evaluación de las condiciones laborales internas de las instituciones policiales, es decir en las que participen tanto actores policiales como no policiales.

El trabajo de estas comisiones debe ser sensible a las especificidades propias de una organización como la policial, pero también debe, a la vez, contemplar y proteger las condiciones que hacen parte de los derechos laborales de todos los funcionarios públicos en un estado de derecho.

Por: Kevin Casas, Paola González y Liliana Mesías. La transformación policial para el 2030 en América Latina.

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