América Latina se ha caracterizado por un pronunciado presidencialismo y, en consecuencia, una marcada concentración del poder.

Los cambios más notorios hacia procesos de descentralización datan de los años 80s en el desenlace de la transición a la democracia y la crisis fiscal que soportaron los países de la región.

Sin embargo, fueron realmente los años 90s los que presenciaron con mayor fuerza dicha tendencia impulsada por la fuerte influencia de órganos de cooperación internacional. Se creía que tal formula acercaría el gobierno a los contextos locales, que las necesidades ciudadanas serían mejor atendidas a través de mecanismos de participación y que se optimizaría el gasto público.

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Se vaticinaban múltiples beneficios derivados de la elección directa de las autoridades locales y del incremento de la transferencia de recursos y competencias a los niveles subnacionales.

Pese a estas expectativas, la concreción de la descentralización no ha sido nada simple. La distribución de funciones y recursos, el tipo de políticas a ser descentralizadas, la reducida institucionalización, el tamaño de los países y las entidades territoriales, la manera precipitada en que se dieron las reformas, y las condiciones sociopolíticas en que se desarrolló el proceso, generaron resultados heterogéneos y no siempre promisorios.

La descentralización en materia de seguridad ha sido parte de esa discusión mayor. Como mínimo, sabemos que no puede ser tomada a la ligera, como una cura simple, a partir de una ingenua relación causal que presume que a mayor cercanía con la ciudadanía mayores niveles de seguridad, o a mayor desconcentración del poder decisional al interior de las organizaciones que agencian la seguridad (como el caso de la policía, o los gobiernos locales o los sistemas de justicia, entre otros) mejores decisiones.

Tales premisas dependen, como ya se dijo, de los niveles de institucionalización, de los sistemas electorales, de los grados de corrupción, del tipo de organización policial y de justicia, y del capital social y la formación ciudadana, entre otros aspectos.

El desafío para los países latinoamericanos no es, por cierto, la recentralización, sino encontrar el modelo más adecuado de distribución de competencias entre los niveles centrales y locales acorde con las capacidades institucionales del sector seguridad. Para ciertos contextos y circunstancias, la descentralización en seguridad, y específicamente la desconcentración de las decisiones al interior de la policía, puede resultar beneficiosa, pero sus beneficios no pueden asumirse para toda la región.

En el caso de la organización policial, desconcentrar las decisiones (o descentralizarlas cuando existan policías municipales o autónomas estaduales) para facilitar la comunicación entre mandos y bases, podría ser un proyecto estratégico, siempre y cuando las capacidades de las organizaciones, las ventanas y oportunidades políticas y el contexto de cada país lo permitan.

Para que los procesos de desconcentración de la toma de decisiones al interior de las policías tengan posibilidades de éxito es necesaria la reducción de funciones y tareas administrativas y la ampliación de ellas a miembros no uniformados, así como la creación de mecanismos eficientes de articulación con los gobiernos locales y con la ciudadanía.

Para hablar de descentralización en seguridad y al interior de organizaciones policiales, es necesario hacer, además, una lectura rigurosa de la trayectoria decisional en materia de seguridad en cada país, que comprenda el análisis detenido de los hitos más importantes de transformación de la institucionalidad en seguridad y, correlativamente, la observación detallada de las causas de las inercias institucionales en la materia.

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Para finalizar debe decirse que los desafíos en materia de descentralización o desconcentración para la región son diversos, dependiendo de las estructuras políticas de los países.

México o Brasil, por ejemplo, con sistemas policiales altamente federalizados, deben lidiar con los tradicionales problemas de coordinación entre policía nacional, estadual y local, que desencadena yuxtaposición de acciones, formación desigual, contradicciones en la perspectiva y manejo de los dilemas asociados a la seguridad.

Al mismo tiempo, ese esquema permite cierta sana competencia y vigilancia entre los diferentes cuerpos policiales. En el caso de policías como la chilena o la colombiana, altamente centralizadas, aunque en su doctrina se reconozcan como estructuras desconcentradas, deben asumir los efectos de una toma de decisión altamente jerarquizada y por ende menos flexible, con pocos controles internos.

Por: Kevin Casas, Paola González y Liliana Mesías. La transformación policial para el 2030 en América Latina.